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viernes, 22 de marzo de 2013
miércoles, 13 de marzo de 2013
Resolución del JNE sobre el proceso de Inconstitucionalidad presentado por el CONARE SUTEP
No obstante la detención de nuestro dirigente Profesor Efraín Condori Ramos, la lucha legal de los maestros contra la Ley de Reforma Magisterial y normas conexas se mantiene en pie y viene siendo reconocido.
Pronunciamiento del Departamento legal del CONARE
DEPARTAMENTO LEGAL DE MAESTROS DEL PERU
PRONUNCIAMIENTO POR LA LIBERTAD
DEL PROFESOR EFRAIN CONDORI RAMOS
A nuestro pueblo en general y a los maestros en particular:
El
Departamento Legal de maestros Rechaza y protesta enérgicamente contra
la detención arbitraria revestida de legalidad del compañero Presidente
del Comité Nacional de Reorientación
y Reconstitución Clasista del SUTEP profesor Efraín Condori Ramos por
mandato del juez provisional René Holguín del 42 juzgado penal
– Reos Libres, que yendo más allá de la ley y contraviniendo la Constitución Política del Estado ha criminalizado no sólo la lucha popular
magisterial, sino también a criminalizado el derecho constitucional a guardar silencio denominada clausula de no autoincriminación
protegido por los Tratados Internacionales, por la Constitución Política del Estado y por la Ley Procesal Penal.
Ello
ha traído como consecuencia que los carceleros del INPE hayan
determinado clasificar al compañero Efraín Condori para el Penal de
Lurigancho como si la imputación que se le hace
de disturbios fuera un delito común (de egoísmo y carácter patrimonial o
ferocidad) y no un delito político-social (de abnegación y servicio al
pueblo); todo esto para golpear la moral del Magisterio Nacional que
tiene por objetivo defender la educación pública
y gratuita para nuestro pueblo y la Ley del Profesorado. En este negro
propósito han vejado y maltratado al punto de raparlo su cabello como un
simple lumpen por lo que responsabilizamos
por la integridad
física y la vida del compañero profesor Efraín Condori al gobierno de
derecha de Ollanta Humala que ha intervenido en su detención y reclusión.
No dirán que desconocen estos hechos repudiables,
por cuanto su reclusión al penal de Lurigancho fue una decisión política
dispuesta desde el Poder ejecutivo, para impedir la justa protesta del
Magisterio Nacional por la aplicación de la inconstitucional Ley de
Reforma Magisterial Ley 29944.
Además,
siendo un maestro que no tiene antecedentes penales le correspondería
en todo caso el penal para reos primarios para San Jorge y no el de
Lurigancho que es para reos reiterantes
o reincidentes.
Esta
detención alevosa se ha dado en el marco de la persecución política que
se da contra todos los que luchan por la defensa de los derechos
fundamentales del pueblo y en medio de
la criminalización de las luchas populares, puesto que el gobierno de
derecha de Ollanta Humala defiende y aplica el plan de nueva acumulación
originaria que es más feroz que el plan neoliberal, porque involucra la
acción del Estado en el despojo de los productores
y en las actividades económicas para conjurar la crisis, descargándola
de mejor manera en los hombros del pueblo por lo que le resulta
sumamente incomodo todos los que luchen por los derechos de los de
abajo.
En
ese sentido, reiteramos nuestro rechazo a esta detención arbitraria y
llamamos a los Gremios y fuerzas populares del Perú y el Mundo ha exigir
la libertad inmediata del profesor
Efraín Condori Ramos.
Lima, 11 de Marzo de 2013
lunes, 4 de marzo de 2013
¡LIBERTAD PARA EFRAÍN CONDORI RAMOS, PRESIDENTE DEL CONARE SUTEP!
¡LIBERTAD
PARA EFRAÍN CONDORI RAMOS,
PRESIDENTE
DEL CONARE SUTEP!
El Comité
Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sindicato Único de Trabajadores
en la Educación del Perú denuncia la detención arbitraria de nuestro
Presidente, el compañero Efraín Condori Ramos, luego de haber cumplido
exitosamente su labor sindical en Iquitos para impulsar la Región Oriente del
CONARE SUTEP.
Prosiguiendo su labor de
persecución contra los dirigentes y maestros clasistas de base del CONARE por
parte del gobierno para acallar todo rechazo a su política de defensa y
desarrollo de la explotación capitalista, en particular el rechazo a su nefasta
Ley de Reforma Magisterial, a la privatización de la educación y a la expulsión
de miles de maestros, se detiene a nuestro compañero acusado de promover
disturbios durante la gran huelga magisterial del año 2012.
Como bien recordamos los
maestros clasistas, durante dicha huelga estuvimos durante varias semanas, día
y noche, en las afueras del Ministerio de Educación demandando el trato directo
con las autoridades respectivas, trato que el gobierno a través del premier
Jiménez y la ministra Salas nunca quiso hacer mostrando su real accionar de
falsos demócratas y su menosprecio al justo reclamo de más de 100 mil maestros
por aumento salarial y derechos conculcados.
En la actualidad, el magisterio
organizado ha expresado su contundente rechazo a la Ley de Reforma Magisterial
a través de miles de acciones de amparo y de la acción de inconstitucionalidad
presentada por el CONARE SUTEP con 14 mil firmas, aceptada ya por los
organismos correspondientes, además de otras medidas que en todo el país se
vienen implementando en contra del despido masivo de maestros en marcha, en
defensa de la estabilidad laboral, contra la privatización, por el derecho del
pueblo a la educación, por real aumento de sueldos. Este es el real motivo del
apresamiento de nuestro compañero con el que pretenden distraer ante la
creciente inseguridad ciudadana que no pueden controlar.
En defensa de los derechos del
magisterio y el pueblo, exigimos la inmediata libertad de Efraín Condori Ramos,
rechazamos con indignación el rótulo de “terroristas” que las clases dominantes
usan contra los dirigentes y las luchas populares y llamamos al magisterio
nacional, al pueblo y sus organizaciones, a los verdaderos demócratas a
pronunciarse contra la persecución política, contra la represión a los
sindicatos y apoyar la demanda de libertad de nuestro compañero.
¡LIBERTAD
PARA EFRÁIN CONDORI RAMOS!
¡DEFENDER
LOS DERECHOS DEL MAGISTERIO Y EL PUEBLO!
¡SERVIR
AL PUEBLO DE TODO CORAZÓN!
domingo, 3 de marzo de 2013
viernes, 1 de marzo de 2013
¡ABAJO LA LEY DE EXPULSIÓN DE TRABAJADORES EN LA EDUCACIÓN! ¡ABAJO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA! ¡DEFENDER EL DERECHO AL TRABAJO!
ORGANO POLITICO del FRENTE MAGISTERIAL
INDEPENDIENTE NACIONAL
Tercera
Época
FEBRERO DE 2013 Méjico
No. 234
Correo
electrónico: fmin_cnte_cnte@yahoo.com.mx
PRECIO SOLIDARIO
PERU
¡ABAJO LA LEY DE EXPULSIÓN DE TRABAJADORES EN LA
EDUCACIÓN!
¡ABAJO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA! ¡DEFENDER EL DERECHO
AL TRABAJO!
Presentación
Compañer@s
maestr@s.
Denunciamos la vil
persecución del Estado peruano contra nuestros herman@s maestr@s del Perú. Este
gobierno fascista viene de expulsar a miles de maestros por el sólo hecho de su
participación política; e impide que puedan retornar a cualquier puesto de la
educación nacional, pisoteando las leyes peruanas e internacionales de los
derechos de los maestros: al trabajo, a la enseñanza, a la libertad de
expresión, y pensamiento. Arbitraria e impunemente dejan sin sustento a miles
de familias que dependen del salario de esos profesores.
Estamos hermanados
mundialmente con todos los profesores que son separados de su empleo por sus
ideas y convicciones, por eso, cumpliendo el deber del FMIN de solidaridad
internacional y con profundo odio de clase denunciamos al gobierno peruano y
convocamos a todos los profesores democráticos y a la CNTE a que se pronuncien
en el Congreso Nacional de Educación del 25 de abril del presente, en contra de
estas medidas gravemente atentatorias al magisterio.
Reproducimos
la denuncia de nuestros hermanos peruanos en contra de la aprobación de esta
retrograda Ley Nº 29988 de expulsión de trabajadores de la educación por
motivos de sus ideas clasistas. Repudiamos al gobierno de Ollanta Humala y
exigimos la derogación inmediata de dicha Ley.
Prosiguiendo la persecución política
principalmente contra los comunistas, los marxista-leninista-maoístas,
pensamiento gonzalo, los revolucionarios y todo lo que se oponga al régimen
capitalista de opresión y explotación, el gobierno derechista de Ollanta Humala
ha promulgado la Ley N° 29988 que prohíbe el trabajo y expulsa de por vida a
los trabajadores en la educación que hayan sido sentenciados por el llamado
delito de terrorismo y crea el registro de decenas de miles de condenados y
procesados que será difundido en todos los centros educativos del país para
impedir que trabajen.
El llamado delito de terrorismo es un delito
político-social porque ataca las instituciones del estado constitucional, el
agraviado es el estado, así lo ha definido el Tribunal Constitucional. Los
móviles de quienes lo cometieron han sido sociales, la búsqueda de una sociedad
mejor, libre de opresión y explotación, en consecuencia rechazamos que en esa
ley se junte delito político-social con delitos comunes de narcotráfico y
violación. Lo hacen para infamar, desprestigiar y estigmatizar por siempre a
los condenados por el llamado delito de terrorismo.
Esta draconiana norma legal expulsa del
sector educación, ya sea educación pública o privada, sea maestro o personal
administrativo de colegio, instituto o universidad, a miles de trabajadores
sentenciados por delitos de terrorismo, violación y narcotráfico, que según
nuestro ordenamiento legal recuperan plenamente sus derechos de ciudadano al
cumplir su sentencia. Es evidentemente una ley con nombre propio en contra de
los excarcelados políticos. Es además preparatoria de otra ley que expulsará de
por vida a los procesados y sentenciados por terrorismo de todo trabajo en el
Estado. Y, claro está, crea condiciones para aplicar su repudiada ley del
negacionismo que cada vez más es rechazada en el país y en el extranjero.
Esta ley es abiertamente inconstitucional y
violatoria de normas legales de las que el Perú es suscriptor y está obligado a
cumplir. Esta nefasta ley atenta contra la Constitución actual que establece
que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y no puede ser
discriminado por motivo de opinión ni ningún otro motivo como por ejemplo haber
purgado algún delito. Atenta contra el derecho al honor y a la intimidad
personal y a no suministrar información que afecte la intimidad personal y
familiar pues esta ley dispone que se difunda en todos los centros educativos
del país un registro de personas condenadas o procesadas para impedirles
trabajar. Viola el derecho a trabajar libremente con sujeción a ley, la
libertad de empresa y el derecho a contratar con fines lícitos, pues se prohíbe
y sanciona que un empleador particular pueda contratar a un profesor procesado
o sentenciado y se atenta contra el derecho a trabajar en la profesión de su
elección, contra el derecho a la vocación personal. Vulnera el derecho a
participar en forma individual o asociada en la vida económica del país al
prohibirse que estos trabajadores puedan promover, crear o conducir un centro
educativo particular. Niega la presunción de inocencia pues esta ley expulsa a
cualquier profesor que ya cumplió sentencia sin que haya cometido nueva falta.
Atenta contra la libertad de enseñanza tras pretexto de que “los terroristas no
cambian” y que difundirán supuestas ideas antidemocráticas. Niega el carácter
irrenunciable de los derechos reconocidos por ley y el principio de que no pueden
expedirse leyes especiales por razón de las diferencias de las personas y que
una ley no tiene fuerza ni efectos retroactivos salvo que favorezca al acusado,
mientras que esta funesta ley pretende ser retroactiva en perjuicio del acusado
y está dada con nombre propio, pues las causas de violación y narcotráfico son
sólo para encubrir la persecución política contra los procesados y sentenciados
por terrorismo.
Y el propio Código Penal del Perú establece
que el objetivo de la pena aplicada a un prisionero es reeducarlo,
rehabilitarlo y reincorporarlo a la sociedad y que una vez libre adquiere todos
sus derechos. Así, sobre Rehabilitación automática plantea:
El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue
impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda
rehabilitado sin más trámite.
La rehabilitación produce los efectos
siguientes:
1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos o
restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos,
comisiones o empleos de los que se le privó; y, 2. La cancelación de los
antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados
correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación.
Y también dice: Prohibición de comunicación de antecedentes.
Producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase
relativas a la condena impuesta, no pueden ser comunicados a ninguna entidad o
persona.
Además esta nefasta ley viola tratados
internacionales suscritos por el Perú como:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado
por la ONU que establece que: Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un
delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de
acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Pero aquí se niega y
se sanciona eternamente a quien ya cumplió su pena.
La Convención Americana sobre derechos humanos: Toda persona
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad.
La Declaración Universal de Derechos
Humanos: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.
La
Carta de la OEA: El trabajo es un derecho y deber social; no será considerado
como un artículo de comercio; reclama respeto para la libertad de asociación y
la dignidad de quien lo presta.
La
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Toda persona tiene
derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en
cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Y: Toda persona
tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de
obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.
Y en todas estas normas internacionales se establece que
todos los hombres son iguales ante la ley, sin discriminación de ningún tipo.
Así, queda clarísimo que la ley 29988 es una ley inconstitucional y violatoria
de derechos universales, persecutoria de los ex prisioneros políticos y de todo
el que cuestione el régimen capitalista. Es inconstitucional e irrita
legalmente pues permite la doble sanción por un mismo hecho. Con el
cumplimiento de la pena ya está pagado el delito político-social. Es una ley
que niega de por vida el derecho al trabajo libremente elegido, prohíbe el
derecho a la libre contratación y a la libertad de empresa, afecta el honor y
la intimidad personal al difundir masivamente la condición de procesado o
condenado, es una ley sumamente reaccionaria que se suma a otras como la de
Reforma de la Educación y la propuesta ley de negacionismo y a la persecución
al derecho de defensa legal que el gobierno aplica en función de garantizar su
plan económico de nueva acumulación originaria y su plan político de unir a
todos en defensa del régimen capitalista.
Ya antes en el gobierno de García, se dio una ley que
impedía dictar a estos excarcelados pero se les trasladaba al sector
administrativo y no tocaba el caso de la educación superior. Su aplicación fue
entrabada por la lucha legal de los implicados y dicha ley no prosperó. Ahora,
en un ambiente de acentuada persecución política contra comunistas,
revolucionarios y los que se opongan al régimen, a impulso de la extrema
derecha, se amplía la anterior ley prohibiendo el derecho no sólo a enseñar en
un colegio nacional o particular sino también en un instituto o universidad
pública o privada además de prohibir el trabajo incluso en el sector
administrativo. Es decir, ya ni siquiera se debe cometer el acto de
propagandizar ideas subversivas en la actualidad sino haberlas cometido en el
pasado para ser sancionados; es una persecución eterna contra los que se
atrevieron a rebelarse contra el orden de opresión y explotación. La propia
ministra saludando la norma dice que así no se permite que a los niños les enseñen
ideas antidemocráticas.
Por tanto, esta nefasta ley aprobada a ocultas de la
opinión pública hay que desenmascararla a fondo desnudando su esencia
contrarrevolucionaria, atentatoria contra derechos fundamentales como el
derecho al trabajo, a la no discriminación, a la libre contratación, a la libre
empresa, a la presunción de inocencia, a la libertad de enseñanza, contra el
despido arbitrario, la no retroactividad de la ley si es desfavorable al
acusado, contra la reincorporación del penado a la sociedad, el derecho al
honor y a la intimidad personal, derechos que incluso son amparados por
Convenios Internacionales que el Estado peruano ha firmado.
Esta ley antidemocrática por todos sus lados, implicará en
lo inmediato la expulsión de miles de trabajadores de la educación en colegios,
institutos y universidades nacionales y privadas de todo el país. Su registro
de condenados y procesados abarcará decenas de miles de ciudadanos a los que se
expondrá públicamente para escarnecerlos como hizo la Inquisición con los
herejes o como hizo el nazismo alemán contra los judíos y comunistas. Esta
perversa ley es un paso más en la aplicación de la persecución política
principalmente contra comunistas y revolucionarios por parte del Estado peruano
como lo hizo Sánchez Cerro en 1931 contra comunistas y apristas pretextando que
representaban ideologías extranjeras ajenas a la democracia. Es una ley
reaccionaria que fomenta odio, persecución y venganza y está en contra de una
solución política, amnistía general y reconciliación nacional.
Es importante desenvolver la lucha legal desenmascarando su
falsa democracia y echar abajo sus leyes atentatorias contra el pueblo.
Exigimos la inmediata derogatoria de la Ley 29988 que autoriza la expulsión de
cientos de trabajadores en la educación por razones políticas. Contra esta
retrógrada ley debemos presentar amparos individuales y colectivos en forma
masiva, hacer acción de inconstitucionalidad con las miles de firmas
requeridas, realizar campaña nacional e internacional como parte de la campaña
contra la persecución política en el Perú, demandar a las diversas
organizaciones del país a defender los derechos de los miles de ciudadanos
afectados, en particular al Sutep como organismo sindical de los
trabajadores en la educación.
Aprendiendo de la lucha masiva de nuestro pueblo combatamos
resueltamente los planes reaccionarios defendiendo firmemente los derechos
fundamentales del pueblo.
¡ABAJO LA LEY DE EXPULSIÓN
DE TRABAJADORES EN LA EDUCACIÓN!
¡ABAJO LA PERSECUCIÓN
POLÍTICA!
¡DEFENDER EL DERECHO AL TRABAJO!
¡DESENMASCARAR Y APLASTAR LA NUEVA LEY 29988 DE EXPULSIÓN DE PROFESORES!
¡DESENMASCARAR
Y APLASTAR LA NUEVA LEY 29988 DE EXPULSIÓN DE PROFESORES!
Entre gallos y medianoche, el
gobierno de Humala ha promulgado la ley N° 29988 que afecta al personal docente
y administrativo de toda la educación del país que haya sido sentenciado por
terrorismo, apología del terrorismo, violación y tráfico ilícito de drogas, y
ha dispuesto que dicha ley se aplique en forma retroactiva. Pese a que según la
legislación nacional e internacional todo sentenciado que cumple su pena
“queda rehabilitado sin más trámite” ante la sociedad, esta ley establece que
el solo hecho de haber sido sentenciado “acarrea su separación definitiva o
destitución, así como su inhabilitación definitiva, del servicio en
instituciones de educación básica, institutos o escuelas de educación superior,
escuelas de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, el
Ministerio de Educación o en sus organismos públicos descentralizados y, en
general, en todo órgano dedicado a la educación, capacitación, formación,
resocialización o rehabilitación” e impide el ingreso o reingreso de estos
trabajadores al sector educación. Es decir, se expulsa de por vida a
trabajadores en la educación, sean docentes o administrativos, sean de colegio,
academia, instituto o universidad, sean de educación privada o pública,
despidiendo de este modo a miles de trabajadores en la educación de un solo
plumazo.
Más
aún, la ley dispone crear el Registro de personas condenadas o procesadas por
terrorismo, violación y narcotráfico con decenas de miles de nombres, el mismo
que, violando la rehabilitación
inmediata y la prohibición de comunicación de antecedentes establecidas en los
artículos 69 y 70 del Código Penal, será difundido a nivel nacional en todos
los centros educativos nacionales y particulares para prohibir el trabajo a
estos ciudadanos.
Esta
ley 29988 es una ley inconstitucional que conculca el derecho al trabajo, niega
la igualdad de las personas y discrimina, aplica despido arbitrario y
retroactividad de la ley desfavorable al acusado, niega la presunción de
inocencia así como la rehabilitación inmediata, agrede la libertad de empresa,
es una ley de persecución eterna que junto a otras como la del negacionismo
pretende que nadie cuestione el sistema de explotación capitalista. Esta ley
viola derechos amparados por Convenios Internacionales
que el Estado peruano ha firmado y es una ley nula legalmente pues
permite la doble sanción por un mismo hecho, es decir ya ni
siquiera se debe cometer el acto de propagandizar ideas subversivas en la
actualidad sino haberlas cometido en el pasado para ser sancionados. No lo
podemos consentir y exigimos la inmediata derogatoria de esta nefasta ley 29988.
Obviamente la referida ley
apunta contra los excarcelados políticos y los maestros clasistas que están
siendo y serán procesados pues así el gobierno cree que puede imponer con
facilidad su Reforma Magisterial y la privatización de la educación. En
particular buscará destruir el Conare Sutep tras la falsa y perversa acusación
de “terrorista”. Debemos enfrentar y derrotar estos siniestros planes en
defensa de los derechos del magisterio y el pueblo en la educación. Salimos en
defensa de los maestros amenazados con expulsión y con prohibición de enseñar y
llamamos a los organismos democráticos y populares, en especial al Sutep como
organismo sindical de los trabajadores en la educación, a pronunciarse y
rechazar con firmeza este engendro antimagisterial. La acción de inconstitucionalidad
contra esta ley debe sumarse a la realizada contra la Ley de Reforma
Magisterial que con cerca de 15 mil firmas hemos presentado exitosamente con el
apoyo del magisterio y el pueblo.
¡NADA NOS
HA CAÍDO DEL CIELO! ¡TODO LO HEMOS CONSEGUIDO CON LUCHA!
¡DEFENDER
LOS DERECHOS DEL MAGISTERIO Y EL PUEBLO!
Febrero
del 2013
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