ORGANO POLITICO del FRENTE MAGISTERIAL
INDEPENDIENTE NACIONAL
Tercera
Época
FEBRERO DE 2013 Méjico
No. 234
Correo
electrónico: fmin_cnte_cnte@yahoo.com.mx
PRECIO SOLIDARIO
PERU
¡ABAJO LA LEY DE EXPULSIÓN DE TRABAJADORES EN LA
EDUCACIÓN!
¡ABAJO LA PERSECUCIÓN POLÍTICA! ¡DEFENDER EL DERECHO
AL TRABAJO!
Presentación
Compañer@s
maestr@s.
Denunciamos la vil
persecución del Estado peruano contra nuestros herman@s maestr@s del Perú. Este
gobierno fascista viene de expulsar a miles de maestros por el sólo hecho de su
participación política; e impide que puedan retornar a cualquier puesto de la
educación nacional, pisoteando las leyes peruanas e internacionales de los
derechos de los maestros: al trabajo, a la enseñanza, a la libertad de
expresión, y pensamiento. Arbitraria e impunemente dejan sin sustento a miles
de familias que dependen del salario de esos profesores.
Estamos hermanados
mundialmente con todos los profesores que son separados de su empleo por sus
ideas y convicciones, por eso, cumpliendo el deber del FMIN de solidaridad
internacional y con profundo odio de clase denunciamos al gobierno peruano y
convocamos a todos los profesores democráticos y a la CNTE a que se pronuncien
en el Congreso Nacional de Educación del 25 de abril del presente, en contra de
estas medidas gravemente atentatorias al magisterio.
Reproducimos
la denuncia de nuestros hermanos peruanos en contra de la aprobación de esta
retrograda Ley Nº 29988 de expulsión de trabajadores de la educación por
motivos de sus ideas clasistas. Repudiamos al gobierno de Ollanta Humala y
exigimos la derogación inmediata de dicha Ley.
Prosiguiendo la persecución política
principalmente contra los comunistas, los marxista-leninista-maoístas,
pensamiento gonzalo, los revolucionarios y todo lo que se oponga al régimen
capitalista de opresión y explotación, el gobierno derechista de Ollanta Humala
ha promulgado la Ley N° 29988 que prohíbe el trabajo y expulsa de por vida a
los trabajadores en la educación que hayan sido sentenciados por el llamado
delito de terrorismo y crea el registro de decenas de miles de condenados y
procesados que será difundido en todos los centros educativos del país para
impedir que trabajen.
El llamado delito de terrorismo es un delito
político-social porque ataca las instituciones del estado constitucional, el
agraviado es el estado, así lo ha definido el Tribunal Constitucional. Los
móviles de quienes lo cometieron han sido sociales, la búsqueda de una sociedad
mejor, libre de opresión y explotación, en consecuencia rechazamos que en esa
ley se junte delito político-social con delitos comunes de narcotráfico y
violación. Lo hacen para infamar, desprestigiar y estigmatizar por siempre a
los condenados por el llamado delito de terrorismo.
Esta draconiana norma legal expulsa del
sector educación, ya sea educación pública o privada, sea maestro o personal
administrativo de colegio, instituto o universidad, a miles de trabajadores
sentenciados por delitos de terrorismo, violación y narcotráfico, que según
nuestro ordenamiento legal recuperan plenamente sus derechos de ciudadano al
cumplir su sentencia. Es evidentemente una ley con nombre propio en contra de
los excarcelados políticos. Es además preparatoria de otra ley que expulsará de
por vida a los procesados y sentenciados por terrorismo de todo trabajo en el
Estado. Y, claro está, crea condiciones para aplicar su repudiada ley del
negacionismo que cada vez más es rechazada en el país y en el extranjero.
Esta ley es abiertamente inconstitucional y
violatoria de normas legales de las que el Perú es suscriptor y está obligado a
cumplir. Esta nefasta ley atenta contra la Constitución actual que establece
que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y no puede ser
discriminado por motivo de opinión ni ningún otro motivo como por ejemplo haber
purgado algún delito. Atenta contra el derecho al honor y a la intimidad
personal y a no suministrar información que afecte la intimidad personal y
familiar pues esta ley dispone que se difunda en todos los centros educativos
del país un registro de personas condenadas o procesadas para impedirles
trabajar. Viola el derecho a trabajar libremente con sujeción a ley, la
libertad de empresa y el derecho a contratar con fines lícitos, pues se prohíbe
y sanciona que un empleador particular pueda contratar a un profesor procesado
o sentenciado y se atenta contra el derecho a trabajar en la profesión de su
elección, contra el derecho a la vocación personal. Vulnera el derecho a
participar en forma individual o asociada en la vida económica del país al
prohibirse que estos trabajadores puedan promover, crear o conducir un centro
educativo particular. Niega la presunción de inocencia pues esta ley expulsa a
cualquier profesor que ya cumplió sentencia sin que haya cometido nueva falta.
Atenta contra la libertad de enseñanza tras pretexto de que “los terroristas no
cambian” y que difundirán supuestas ideas antidemocráticas. Niega el carácter
irrenunciable de los derechos reconocidos por ley y el principio de que no pueden
expedirse leyes especiales por razón de las diferencias de las personas y que
una ley no tiene fuerza ni efectos retroactivos salvo que favorezca al acusado,
mientras que esta funesta ley pretende ser retroactiva en perjuicio del acusado
y está dada con nombre propio, pues las causas de violación y narcotráfico son
sólo para encubrir la persecución política contra los procesados y sentenciados
por terrorismo.
Y el propio Código Penal del Perú establece
que el objetivo de la pena aplicada a un prisionero es reeducarlo,
rehabilitarlo y reincorporarlo a la sociedad y que una vez libre adquiere todos
sus derechos. Así, sobre Rehabilitación automática plantea:
El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue
impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda
rehabilitado sin más trámite.
La rehabilitación produce los efectos
siguientes:
1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos o
restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos,
comisiones o empleos de los que se le privó; y, 2. La cancelación de los
antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados
correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación.
Y también dice: Prohibición de comunicación de antecedentes.
Producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase
relativas a la condena impuesta, no pueden ser comunicados a ninguna entidad o
persona.
Además esta nefasta ley viola tratados
internacionales suscritos por el Perú como:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado
por la ONU que establece que: Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un
delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de
acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Pero aquí se niega y
se sanciona eternamente a quien ya cumplió su pena.
La Convención Americana sobre derechos humanos: Toda persona
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad.
La Declaración Universal de Derechos
Humanos: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.
La
Carta de la OEA: El trabajo es un derecho y deber social; no será considerado
como un artículo de comercio; reclama respeto para la libertad de asociación y
la dignidad de quien lo presta.
La
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Toda persona tiene
derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en
cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Y: Toda persona
tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de
obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.
Y en todas estas normas internacionales se establece que
todos los hombres son iguales ante la ley, sin discriminación de ningún tipo.
Así, queda clarísimo que la ley 29988 es una ley inconstitucional y violatoria
de derechos universales, persecutoria de los ex prisioneros políticos y de todo
el que cuestione el régimen capitalista. Es inconstitucional e irrita
legalmente pues permite la doble sanción por un mismo hecho. Con el
cumplimiento de la pena ya está pagado el delito político-social. Es una ley
que niega de por vida el derecho al trabajo libremente elegido, prohíbe el
derecho a la libre contratación y a la libertad de empresa, afecta el honor y
la intimidad personal al difundir masivamente la condición de procesado o
condenado, es una ley sumamente reaccionaria que se suma a otras como la de
Reforma de la Educación y la propuesta ley de negacionismo y a la persecución
al derecho de defensa legal que el gobierno aplica en función de garantizar su
plan económico de nueva acumulación originaria y su plan político de unir a
todos en defensa del régimen capitalista.
Ya antes en el gobierno de García, se dio una ley que
impedía dictar a estos excarcelados pero se les trasladaba al sector
administrativo y no tocaba el caso de la educación superior. Su aplicación fue
entrabada por la lucha legal de los implicados y dicha ley no prosperó. Ahora,
en un ambiente de acentuada persecución política contra comunistas,
revolucionarios y los que se opongan al régimen, a impulso de la extrema
derecha, se amplía la anterior ley prohibiendo el derecho no sólo a enseñar en
un colegio nacional o particular sino también en un instituto o universidad
pública o privada además de prohibir el trabajo incluso en el sector
administrativo. Es decir, ya ni siquiera se debe cometer el acto de
propagandizar ideas subversivas en la actualidad sino haberlas cometido en el
pasado para ser sancionados; es una persecución eterna contra los que se
atrevieron a rebelarse contra el orden de opresión y explotación. La propia
ministra saludando la norma dice que así no se permite que a los niños les enseñen
ideas antidemocráticas.
Por tanto, esta nefasta ley aprobada a ocultas de la
opinión pública hay que desenmascararla a fondo desnudando su esencia
contrarrevolucionaria, atentatoria contra derechos fundamentales como el
derecho al trabajo, a la no discriminación, a la libre contratación, a la libre
empresa, a la presunción de inocencia, a la libertad de enseñanza, contra el
despido arbitrario, la no retroactividad de la ley si es desfavorable al
acusado, contra la reincorporación del penado a la sociedad, el derecho al
honor y a la intimidad personal, derechos que incluso son amparados por
Convenios Internacionales que el Estado peruano ha firmado.
Esta ley antidemocrática por todos sus lados, implicará en
lo inmediato la expulsión de miles de trabajadores de la educación en colegios,
institutos y universidades nacionales y privadas de todo el país. Su registro
de condenados y procesados abarcará decenas de miles de ciudadanos a los que se
expondrá públicamente para escarnecerlos como hizo la Inquisición con los
herejes o como hizo el nazismo alemán contra los judíos y comunistas. Esta
perversa ley es un paso más en la aplicación de la persecución política
principalmente contra comunistas y revolucionarios por parte del Estado peruano
como lo hizo Sánchez Cerro en 1931 contra comunistas y apristas pretextando que
representaban ideologías extranjeras ajenas a la democracia. Es una ley
reaccionaria que fomenta odio, persecución y venganza y está en contra de una
solución política, amnistía general y reconciliación nacional.
Es importante desenvolver la lucha legal desenmascarando su
falsa democracia y echar abajo sus leyes atentatorias contra el pueblo.
Exigimos la inmediata derogatoria de la Ley 29988 que autoriza la expulsión de
cientos de trabajadores en la educación por razones políticas. Contra esta
retrógrada ley debemos presentar amparos individuales y colectivos en forma
masiva, hacer acción de inconstitucionalidad con las miles de firmas
requeridas, realizar campaña nacional e internacional como parte de la campaña
contra la persecución política en el Perú, demandar a las diversas
organizaciones del país a defender los derechos de los miles de ciudadanos
afectados, en particular al Sutep como organismo sindical de los
trabajadores en la educación.
Aprendiendo de la lucha masiva de nuestro pueblo combatamos
resueltamente los planes reaccionarios defendiendo firmemente los derechos
fundamentales del pueblo.
¡ABAJO LA LEY DE EXPULSIÓN
DE TRABAJADORES EN LA EDUCACIÓN!
¡ABAJO LA PERSECUCIÓN
POLÍTICA!
¡DEFENDER EL DERECHO AL TRABAJO!
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