ACERCA DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA MAGISTERIAL
En su discurso del 28 de julio
Humala anunció un proyecto de ley de Desarrollo Docente basado en la
meritocracia, proyecto que es parte de su plan de gobierno y que, como dice la
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Reforma Magisterial, es “un paso
más en el proceso iniciado hace once años atrás, el año 2001, con la
participación activa del Consejo Nacional de Educación y diversas instituciones
y colectivos de docentes, que se integraron al esfuerzo del Ministerio de
Educación por implementar una nueva política docente”. Es decir, la llamada Reforma es continuación de la
aplicación del neoliberalismo en la educación.
En su art. 3 se plantea el
“principio de mérito y capacidad” para el ingreso, permanencia, remuneraciones,
ascensos que fomenta abiertamente el arribismo y la competencia en el
magisterio. ¿Y qué se concibe como meritocracia? La meritocracia es una
posición burguesa que promueve intensamente el individualismo y el arribismo
tras que quien tiene los mayores méritos
debe estar por encima de los demás. ¿Quiénes en una sociedad de clase
pueden tener los mejores “méritos”? Obviamente los que tienen mejores
condiciones económicas. Por lo tanto su
aplicación a la educación y al magisterio es un atentado contra el derecho del
pueblo a la educación. Por ello la Confiep rápidamente respaldó el Proyecto
de Ley “para que el país siga creciendo” y no “ir contra el progreso”, es decir
esa Reforma sirve al desarrollo del
capitalismo y no sirve al pueblo.
Y
no es casual que Humala ligara su anuncio al pedido de que se apruebe su
proyecto de ley que impide que docentes sentenciados por terrorismo puedan
trabajar en la escuela pública. Así la reacción pretende imponer su ley
persiguiendo toda oposición, principalmente la de los comunistas y revolucionarios.
En los requisitos para entrar a la carrera, entre otros, exige no haber sido
condenado ni estar acusado por terrorismo o apología del terrorismo, negando el
derecho al trabajo de quienes legalmente se han reincorporado a la sociedad con
todos sus derechos ciudadanos. A esto se suma las sanciones que impiden y
limitan la libertad política, la libertad de conciencia, la protesta, y hasta
las enfermedades infectocontagiosas como la TBC que son causales de
inhabilitación. Es decir se legaliza la
persecución contra los que cuestionen su orden establecido.
Tras
las llamadas evaluaciones de desempeño laboral, se niega la estabilidad laboral, derecho fundamental del pueblo
conquistado con sangre, llegando a sacar de la carrera magisterial a los
maestros que no aprueben las evaluaciones. “Artículo
27°.- Criterios de evaluación del desempeño.
(…)
Los profesores que no aprueban en la primera
oportunidad, reciben una capacitación destinada al fortalecimiento de sus
capacidades pedagógicas. Luego de esta capacitación participan en una
evaluación extraordinaria. En caso no aprobaran esta evaluación extraordinaria,
nuevamente son sujetos de capacitación. Si
desaprueban la segunda evaluación extraordinaria son retirados de la carrera
pública magisterial.
Entre cada
evaluación extraordinaria no puede transcurrir más de doce (12) meses.”
Así el Estado tiene las manos libres para expulsar profesores de la
educación pública. Basta hacer evaluaciones muy “exigentes” o considerar un
mínimo de vacantes para así despedir a la cantidad de maestros que quieran,
acorde con el proceso de elitización de la educación que ha posibilitado que en
la actualidad el 60% de la educación peruana sea privada y el Estado se
desentienda más del derecho a la educación que tiene nuestro pueblo.
En
la estructura de la carrera establece 8 niveles durante 30 años, propiciando la
división y las menores remuneraciones para la inmensa mayoría pues a los
niveles más altos solo llegará un puñado de burócratas. Se niega el derecho de
pago por preparación de clases y otras conquistas ganadas, planteando una “remuneración
íntegra mensual”. Se anulan las
licencias reconocidas en la Ley del Profesorado para todos los profesores. Más
aún, se baja de nivel a la gran mayoría de
maestros que se rigen por la Ley del Profesorado y se aumenta de nivel a
los que se rigen por la Ley de la CPM. Desconoce
y reduce derechos de bonificación y gratificación, por preparación de clases,
por cumplir 20, 25 y 30 años de servicio, por sepelio y luto, etc. Todos estos pasos implican
una vulneración y negación de derechos adquiridos por el empobrecido magisterio
peruano para lograr una mayor explotación y opresión en función de su proceso
de desarrollo capitalista.
Es
este el Proyecto de Ley que inicialmente René Ramírez saludó y que está siendo
rechazado masivamente por el magisterio. Igualmente es rechazado el Proyecto
del Cen, la llamada “ley consensuada” que sería un “acuerdo” entre la Ley del
Profesorado y la Ley de Carrera Pública Magisterial, proyecto hecho a espaldas
del magisterio. En ambos proyectos lo fundamental es que niega la estabilidad
laboral atentando contra el derecho a la educación del pueblo.
¿Qué hacer? Defender la Ley del
Profesorado y luchar por ampliar los derechos conquistados, en particular
defender la estabilidad laboral y el derecho a la libertad de conciencia y
expresión no permitiendo ninguna separación de docentes por razones
ideológicas, políticas o de evaluación burguesa que busca impedir todo lo que
se oponga a los planes capitalistas del Estado. Debemos a su vez proponer una
real valorización del papel central del magisterio en la educación que debe
estar acorde con un aumento salarial que le permita cumplir sus funciones
adecuadamente; proponer una capacitación acorde con una educación nacional, científica
y democrática que sirva a elevar el nivel de conciencia de los maestros y
estudiantes, sus conocimientos científicos, su capacidad crítica, su
solidaridad con los trabajadores, su servicio al pueblo de todo corazón.
Setiembre 2012
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